Nota tomada de La Prensa (Nicaragua), por Josué Bravo.
- Entre 2010 y 2015, 21 nicaragüenses han sido víctimas de explotación laboral y sexual en Costa Rica.
07 de setiembre, 2016 - La cercanía geográfica y el amplio flujo migratorio de nicaragüenses hacia Costa Rica facilitan el tráfico ilícito de personas con fines de explotación laboral y sexual hacia este país, según el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica, Walter Espinoza.
“Por supuesto que sí. La cercanía de nuestros países, con fronteras muy fáciles de flanquear sin pasar por áreas de control oficial facilita que haya trata, tráfico ilegal de migrantes, tráfico de migrantes desde cualquier perspectiva y evidentemente trata que implica traslado, desplazamiento y explotación laboral y sexual”, dijo Espinoza.
Las declaraciones del director del OIJ fueron a propósito de la desarticulación de parte de la policía migratoria y otras autoridades, de una banda familiar nicaragüense que traficaba a también nicaragüenses de forma irregular, para explotarlas sexualmente junto con ticas y dominicanas en tres bares del norte de Costa Rica, los cuales fueron allanados.
Entrada y salida fácil
La fiscal de este caso, Natalia Álvarez, también coincidió por separado con Espinoza porque “acá en Costa Rica la vulnerabilidad de fronteras que tenemos, la facilidad que tienen los nicaragüenses de entrar y salir sin que nadie sospeche”, propician esos flagelos.
“Los cinco imputados (del reciente caso) no tienen registro oficial de entrada y salida, pero ya hemos acreditado que sí efectivamente han ingresado y salido del país de modo irregular. (Al momento de ingresar de modo irregular a Costa Rica), algunas de ellas (las víctimas nicaragüenses) sí pudieron observar a dos uniformados donde la líder de la banda le dice (a los policías ticos) que por favor las deje pasar a cambio de darles servicios sexuales”, indicó la fiscal.
Casos son comunes
Aunque las investigaciones sobre este caso las dirigió la Policía Profesional de Migración, el OIJ ha hecho lo propio para combatir estos delitos.
Solo en 2015, según Espinoza, el OIJ recibió 45 denuncias sobre trata de personas, en el país, 36 de ellas recibidas de informaciones confidenciales con casos de explotación laboral y sexual. En ellas la policía judicial identificó 42 víctimas y 31 sospechosos, entre ellos 10 detenidos.
“Eso significa que sí es relativamente usual el ingreso de casos de trata, en su mayoría asuntos de naturaleza sexual, incluso a nivel mundial se estima que más del 90% de víctimas de trata son mujeres, niñas o adolescentes que son sometidas a explotación sexual. La actividad de los tratantes se dirige a personas menores de edad o personas con vulnerabilidad, es un fenómeno que puede ser nacional o transnacional”, explicó el jerarca.
“En el caso último (del pasado viernes) involucra a nicaragüenses y también costarricenses, algunas víctimas también costarricense. La estructura familiar eran nicaragüense pero también tenía soporte o usaba una plataforma de costarricenses, incluso la actividad misma de someter a las mujeres a la explotación era realizada en nuestro territorio porque la mayoría de estas actividades tienen vinculaciones que trascienden las fronteras y no corresponden a un solo estado”, añadió.
Trabajo conjunto
Entre 2010 y 2015, 21 nicaragüenses han sido víctimas de explotación laboral y sexual en Costa Rica.
“En el tema de trata la cercanía es total, nosotros coordinamos muchísimos con la Policía Nacional de Nicaragua, intercambiamos información, nos reunimos con alguna regularidad (…). La policía nicaragüense tiene muy buen perfil y un nivel de éxito muy amplio en el tema de trata de personas y eso de alguna manera es una fortaleza regional”, indicó.
Sobre el caso desarticulado el fin de semana en el norte de Costa Rica, la fiscal Natalia Álvarez, indicó que el cónsul de Nicaragua en Ciudad Quesada, Amílcar Aguilar, se reunió con las autoridades locales “a fin de colaborar con el empoderamiento de atención de las víctimas, que sepan que su país las está respaldando y en caso de los imputados, que se haga justicia si son responsable de la investigación que ha llevado el Ministerio Público”.